Lo que viene sucediendo en el Perú es una demostración constante de la triste realidad que viven los peruanos en las últimas cinco décadas, sin que nadie haga algo que demuestre con hechos concretos que la idea de cambio, integridad, ética, moral, respeto, e institucionalidad verdaderamente pueden y deben existir en el país.

La realidad que se observa demuestra los diferentes grados de contaminación que experimentan la gran mayoría de los ciudadanos al haber sido afectados y condicionados con mensajes equivocados que provocan y generan doble moral, hipocresía política y social, corrupción en todos los niveles, con la consecuente institucionalización de la cultura de la corrupción que daña a los más jóvenes, socavando los principios y valores de cualquier sociedad.

Es de dominio público que la institucionalidad en el Perú no existe y se sabe perfectamente que las instituciones no sirven para nada si no existen autoridades que respeten y hagan respetar las leyes, consecuentemente el estado de derecho.

Desde la presidencia de la república, poder judicial, poder legislativo, Fiscalía de la Nación, Contraloría, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, por mencionar unas cuantas, han demostrado a lo largo de todos estos años, permanente incapacidad moral (con honrosas excepciones por supuesto) para cumplir y hacer cumplir las leyes, por lo que han llevado al país al lugar en el que se encuentra actualmente.

La payasada política que se vive en este proceso electoral muestra una vez más las aberraciones e incongruencias en esta incipiente democracia que puede jactarse te tener muchas leyes, pero a la vez avergonzarse de que éstas no sirvan para nada.

Democracia corrupta es sinónimo de cualquier cosa menos de algo que pueda subsistir en un estado de derecho, por lo que el contrato social se cumple y se respeta en todos sus extremos por mandato de la ley.

Veremos si en el Perú, los integrantes del Jurado nacional de Elecciones dan una demostración de principios, valores, integridad y respeto dentro del estado de derecho, estableciendo que los candidatos Cesar Acuña, Julio Guzmán y sus respectivas agrupaciones políticas acaten el fallo legal que por mandato de la ley resulta evidente.

Solo así se podrá iniciar el proceso de reconstrucción, donde las instituciones y las autoridades comiencen a ser respetadas como tales, motivando la creación de una autentica identidad nacional, donde prime el respeto, la ley y la justicia.

Mario Andrés