He leído con sincera impotencia y profundo pesar las alucinadas expresiones de Alejandro Toledo en relación a las no menos desafortunadas acciones del actual ministro del interior José Pérez Guadalupe, quien al parecer según Toledo y el diario La República, habría pedido al embajador norteamericano en el Perú, abrir una sede de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Lima.

La ignorancia cuenta con una vacuna gratis y efectiva que es el conocimiento, por lo que, no solamente a estos dos ignorantes de la historia del Perú les sugeriría se informen apropiadamente antes de accionar irresponsablemente, como lo hiciera en su oportunidad Alan García Pérez cuando gobernó el país en el nefasto periodo 1985-1990.

Como recordaran y si no pueden hacerlo, simplemente verifiquen la historia. Durante ese periodo de gobierno, se llevó al país a la ruina económica y social con la hiperinflación generada por los exabruptos y la corrupción generalizada que originó la grave inseguridad ciudadana que vive el Perú actualmente y que los analistas, politólogos, periodistas, candidatos o ciudadanos comunes ignoran o prefieren ignorar olímpicamente.

Mencionar los tantos casos de corrupción y violación de derechos durante ese periodo resultaría innecesario por cuanto es ampliamente conocido y aceptado por los propios funcionarios de aquella época, menos por el aludido animal político que encabezó ese régimen y que arrogantemente aspira a gobernar nuevamente el Perú, esgrimiendo entre sus argumentos que, su segundo gobierno fue mejor. Si bien es cierto, no se debe negar esa verdad, igualmente es correcto precisar que, cualquier gobierno en comparación con su primer mandato, fue y es largamente superior en todo sentido dentro de cualquier análisis.

Al eliminar por venganza a la Policía de Investigaciones del Perú un día antes de su aniversario institucional, es decir el 14 de Septiembre 1985 mediante la Ley 24294, no solamente se destruía la columna vertebral e institución especializada dedicada exclusivamente a combatir la delincuencia organizada, sino que se creó intencional e irresponsablemente las condiciones propicias para que se desarrollen las acciones delincuenciales en todos los niveles y estratos sociales del país.

A pesar de ello, aun después de haber sido desarticulada la noble institución, siguió y sigue anónimamente dando cátedra contra el crimen organizado a través de los contados detectives que todavía existen y que se formaron en el centro de instrucción de la Policía de Investigaciones del Perú (CINPIP). Las injusticias, limitaciones y atropellos de todos los gobiernos subsecuentes, no fueron motivo para que abnegados detectives continuaran y continúen honrando con su trabajo, en el esclarecimiento de los hechos delictuosos más relevantes que siguen afectando a la ciudadanía.

La ayuda económica y logística puede venir de cualquier país interesado a colaborar con el flagelo del crimen organizado que, igualmente afecta al mundo entero; afortunadamente aún tenemos investigadores para exportar pero, no sigamos tontamente desperdiciando y perdiendo ese valioso capital humano.

Hubo personas equivocadas y políticamente trastornadas que la desaparecieron injusta y anticonstitucionalmente con la complicidad y anuencia de políticos, funcionarios, coroneles y Generales cobardes y corruptos que aceptaron sin reparos la deshonra, mientras que otros, sencillamente se conformaron bajando la cabeza. La unidad de elite a la que probablemente aluden nuestros despistados personajes citados inicialmente existió en el país y se llamó, Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Invito pues a entender y comprender que, lo único que siempre se necesitó y necesitará permanentemente para la lucha contra el crimen organizado es el respeto a las personas, sus Instituciones, un marco legal que permita la acción justa, un poder judicial que verdaderamente administre justicia, una fiscalía que cumpla con sus derechos y obligaciones, un sistema penitenciario que aporte positivamente en el proceso, la voluntad política de un gobierno capaz de crear y fomentar una política de estado en materia de seguridad y ciudadanos cada vez más y mejor informados que ,coadyuven en la tarea del beneficio colectivo.

Estamos convencidos de que si existiera la decisión política de luchar contra la inseguridad ciudadana, sencillamente se tendría que relanzar a la Policía de Investigaciones del Perú, como la fuerza especial que siempre combatió el crimen y que, con los elementos que aún viven y cuentan con probados méritos profesionales podrían fácilmente preparar y capacitar a los futuros detectives peruanos que están en peligro de extinción.

Finalmente, el Perú no necesita ni ha necesitado nunca agentes extranjeros para realizar ningún tipo de investigación policial al más alto nivel, por el contrario, recibió en muchas oportunidades el reconocimiento de unidades especializadas en la investigación del crimen organizado a nivel mundial cuando existía su par, es decir, La Policía de Investigaciones del Perú.

Copyrigth@2016 MarioAndrésAlfaro